CULTURA, POLITICA Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Cultura,  política y estado social de derecho.

Por; Paulina Arriagada Dabed.

Abogada, Mg. © en Derecho de las Mujeres

Universidad de Cádiz 

Desde el regreso  de la democracia en Chile se ha discutido  respecto de la validez de la Carta Fundamental  gestada en dictadura, y por supuesto, el  rol subsidiario que cumple el Estado a la luz de esta Constitución que da las condiciones y garantiza una economía de libre mercado o neoliberal, en que el estado solo regula, a través de leyes marco, como debe funcionar el mercado, y asumiendo el estado solo aquellas actividades que los particulares no pueden o no quieren ejercer. Lo  que en un principio trajo  un  mayor desarrollo económico para ciertos sectores, por supuesto,  y que al mismo tiempo fue evidenciando  y acrecentando las  profundas desigualdades que históricamente han existido  en Chile en todos los ámbitos posibles pues  no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas. Lo que afecta  en mayor grado a las mujeres, la población rural, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías.

La desigualdad ha  perjudicado  el  desarrollo, ha dificultado el progreso económico, ha  debilitado la vida democrática,  ha afectado  la convivencia y ha destruido  la cohesión social, trayendo como consecuencia el denominado “Estallido social” o “revuelta social”, un movimiento gestado desde las bases mismas de la ciudadanía, donde las feministas han tenido un rol preponderante, poniendo sobre la palestra nuevamente la profunda desigualdad que existe en Chile. 

Para que Chile logre los desafíos que se ha planteado, necesariamente debe ser a través de la consagración a nivel constitucional de un Estado social y democrático de derecho, que garantice los derechos fundamentales como actuaciones del estado (no como omisiones), que consagren la igualdad de facto, que garantice la protección de todas las personas y  la participación de “todes” en la vida nacional.  

Para  que  estos desafíos se logren, además de un estado social y democrático de derecho, propongo que la nueva Constitución se gestione desde una mirada feminista, pues solo  desde ahí es que podemos trabajar la profunda desigualdad existente, pues parto de la premisa que quien promueva valores como  la igualdad, pluralismo, libertad necesariamente debe ser feminista, pues dichos valores no se construyen dejando de lado, invisivilizado o subyugando  a la mitad de la sociedad, las mujeres.   

Coincido con la propuesta realizada por la Corporación Humanas, Observatorio de Género y Equidad y Centro de Estudios de la Mujer, tres importantes organizaciones feministas chilenas que hacen una propuesta que viene a aportar al debate constituyente, denominada la “Brújula Constituyente Feminista”, son 37 propuestas de igualdad y autonomía de genero  que se abordan desde 3  focos: los cuidados como principio rector de la organización social; una democracia paritaria, inclusiva y deliberativa como norte del nuevo sistema político y la reivindicación de lo común como condición del desarrollo pleno de las personas.  

Me parece tremendamente oportuno trabajar de manera integrada y desde diferentes focos la igualdad y autonomía de género, solo de esta forma se logra un articulado que se entrelace y  desarrolle de manera armónica garantizando la adecuada  protección de todos los derechos que se consagran en la nueva constitución, de manera que no sea una mera declaración de principios sino que  materialmente se puedan ejercer.  

Dentro de estos tres grandes focos de me quiero referir, específicamente,  al segundo, una democracia paritaria, inclusiva y deliberativa.  

Esto se debe dar a nivel de principios y político, y además asegurar el acceso a las mujeres a todos los espacios de poder, no solo a nivel de Estado sino que también logrando la participación paritaria a nivel social y económico, solo cuando las mujeres estemos en todos los espacios en igualdad podremos avanzar hacia la igualdad de género. 

Si entendemos que la Constitución es un mandato o un acuerdo de convivencia en la sociedad que establece principios y estructuras para vivir en comunidad, respetando las  diferencias existentes entre los diversos grupos que la  conforman. Esta debe expresar el ser y  el sentir de todos los habitantes que conforman nuestro país. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos originarios   podrán participar de la Convención Constituyente, hecho que representa una gran oportunidad para proponer una sociedad que valore y respete la diversidad que representan los pueblos originarios. 

Esta Convención Constituyente de acuerdo a la Ley, cuenta con 17 escaños reservados para los pueblos originarios, de los cuales 7 fueron asignados al pueblo Mapuche como consecuencia de las demandas sostenidas a lo largo del tiempo y también como resultado de la contingencia política protagonizada por diversos sectores sociales del pueblo de Chile.( se debe tener presente la militarización de la Araucanía, que más que una solución del conflicto ha sido un instrumento para agravarlo, pues se ha optado por una herramienta punitiva que transgrede los derechos humanos, por sobre la voluntad política de dialogo).  

También se logró en esta ocasión que  en cada distrito electoral, las listas de  candidaturas deberían  tener el mismo número de mujeres y de hombres,  esto con miras a establecer una convención en equilibrio de género, situación que también es nueva y que aseguro que efectivamente que la brecha de representatividad de las mujeres se redujera en un 2, 9 %  Elisa Loncon, actual presidenta de la asamblea constituyente, ha señalado: “Aunque es un camino inédito, queremos recorrerlo haciendo uso del diálogo entre todos los pueblos. Tenemos confianza en la larga tradición política mapuche, donde la palabra y el parlamentar permitieron siglos de convivencia, transmisión de la memoria, de los valores y de nuestra filosofía con una lengua propia. Estas son las herencias que queremos traer al presente en este momento refundacional de la historia del país. Nuestro pueblo nunca ha renunciado a sus derechos y preocupaciones colectivas: la lucha por la tierra, el territorio, la identidad y la cultura. Tales demandas históricas se han traducido en las últimas décadas en propuestas de regímenes de autonomía siguiendo el principio internacional de libre determinación. Tales propuestas, conforman la agenda permanente por la cual se moviliza nuestro pueblo y esta candidatura es la continuidad de estos procesos. Al disputar estos escaños, estamos luchando por el lugar que todo pueblo merece en la historia, queremos ser nosotros quienes construyamos nuestro futuro, amparado por una Constitución Plurinacional e Intercultural, donde el reconocimiento y el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo Mapuche, de los pueblos hermanos y de las otras diversidades que componen este territorio, sean parte de una estrategia política para terminar con el racismo, la negación identitaria y el saqueo de nuestros territorios, los que hoy día se encuentran amenazados por el modelo económico y político extractivista”.  

La propuesta del colectivo multinacional se funda en la cosmovisión del pueblo Mapuche, (Taiñ Azkintun =nuestra mirada) y los principios que conforman su organización social, y en base a ellos se refieren a los derechos de las mujeres, Meli  (derechos de las mujeres): “Impulsar los derechos civiles, políticos y la participación efectiva de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, reivindicando la sabiduría originaria, la memoria, el derecho a la salud sexual y reproductiva, prácticas y contribuciones de las mujeres en los desafíos actuales que enfrentan los pueblos”. 

Nacer mujer en una sociedad patriarcal significa carencia de  derechos y oportunidades y exceso de obligaciones, ser sujeto político a medias, estar encasillada en una red de roles y estatus inferiores a los masculinos, asumir de manera casi exclusiva la maternidad, ser mujer y pertenecer a un pueblo originario significa una doble discriminación por ser mujer y por pertenecer a dicho pueblo.  

Resulta un hecho indiscutido que existen diversos espacios sociales de los que se encuentran excluidas las mujeres, la realidad muestra contundentemente que dichos espacios   de exclusión son los vinculados  al poder,  a la autoridad, al dinero, en general a la autonomía personal, los poderes facticos son casi impermeables para las mujeres. El poder político es masculino y patriarcal, masculino, porque alrededor del  90% de  los que están al frente de todas las instituciones son hombres y patriarcal porque este 90% toma decisiones e impone normas en el marco de un sistema de dominación patriarcal, que consagra su hegemonía sobre las mujeres. Estos datos ponen de manifiesto que los derechos derivados de  la ciudadanía no se   cumplen en muchos aspectos respecto de las mujeres. 

Todos estos límites a la ciudadanía femenina ponen en entredicho la legitimidad de la democracia y la igualdad de derechos, el análisis de los espacios públicos y privados, conforma que la igualdad es una aspiración para las mujeres y otros grupos minoritarios (pueblos originarios por ejemplo) más que una realidad de hecho. Por lo que resulta indispensable la discriminación positiva y las políticas de  cuotas paritarias garantizadas  política y jurídicamente, siendo esta la única vía posible para la  ampliación de la participación democrática de   las mujeres y grupos minoritarios. 

La gran cuestión por resolver entonces es el cumplimiento efectivo de la ciudadanía de las mujeres y consecuencialmente la ampliación de la democracia, lo que como mencione, es factible de solucionar a través del reconocimiento  político jurídico de derechos específicos para las mujeres, este reconocimiento de derechos no es solo compatible con el principio de igualdad sino que la desarrolla al eliminar la exclusión (de Lucas, “algunos problemas del estatuto jurídico de las minorías. Especial atención a la situación de Europa”)